Por: Fredy Garzón
@ELDENUNCIANTEo
Las denuncias difundidas por el portal Desigual y Alejandro Villanueva sobre alias “El Faraón”, señalado por las autoridades por la vinculación con el narcotráfico en Norte de Santander, y su cuñado, desataron una controversia que trasciende las publicaciones en redes sociales.
Según el propio Villanueva y la FLIP (Fundación para la Libertad de Prensa), al activista y periodista se le impuso una medida de detención domiciliaria que consideran desproporcionada. Villanueva habría tenido que abandonar su residencia por temor a su seguridad, luego de que, presuntamente, un juez de la República divulgara sus datos personales en el marco de un proceso relacionado con el desacato de una tutela. Este es uno de los puntos centrales de la controversia, pues se cuestiona tanto la decisión judicial que derivó en la medida restrictiva como la presunta exposición de información que habría comprometido su seguridad.
Pero ¿quién es Alejandro Villanueva? Además de su actividad en el portal Desigual, es un activista político que militó en el Partido Verde y mantiene cercanía con dirigentes de esa colectividad en Santander. Fue candidato a la Asamblea departamental y, en el pasado, expresó su respaldo al excandidato presidencial y exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández (QEPD), fundador de la antigua Liga de Gobernantes Anticorrupción, hoy conocida como Republicano. También apoyó la campaña presidencial de Gustavo Petro y mantuvo cercanía con sectores progresistas y del Pacto Histórico.
Recientemente, ha manifestado públicamente su cercanía con el exministro del Interior Rodrigo Lara y el abogado Iván Cancino, ministro de Justicia, mediante mensajes e imágenes publicados en sus redes sociales, en los que expresó su satisfacción por sus respectivas designaciones durante el gobierno de Abelardo de la Espriella.
Estos antecedentes permiten contextualizar su actividad pública, sus afinidades políticas y sus vínculos con figuras de distintas corrientes ideológicas, tanto de derecha como de izquierda.
A la controversia se suman las declaraciones de Vincent Ramos, creador de contenido cercano al presidente Abelardo de la Espriella y a su partido Defensores de la Patria, quien presentó un video con señalamientos sobre presuntos favorecimientos contractuales relacionados con el exministro Rodrigo Lara. Según Ramos, el contenido estaría relacionado con actuaciones que, a su juicio, buscarían desprestigiar al presidente de la Espriella y a su asesor Carlos Suárez, presidente de la junta directiva de Ecopetrol.
Ramos vinculó a Villanueva con la empresa Sofía Publicidad y Política S.A.S., mencionó contratos por $54 millones de pesos y aludió a pagos superiores a $350 millones de pesos por supuestos servicios profesionales de la agencia. (Video 2)
El caso deja dos asuntos por esclarecer. El primero es la decisión judicial que habría dado lugar a la detención domiciliaria de Villanueva, las razones que la sustentaron y las circunstancias en las que, según el activista y la FLIP, se habrían divulgado sus datos personales, poniendo en riesgo su seguridad. El segundo es el sustento documental de las afirmaciones contractuales difundidas por Ramos.
Ambos asuntos requieren verificación independiente, acceso a las decisiones judiciales y a los documentos contractuales, así como explicaciones de los involucrados. La divulgación de datos personales, las actuaciones judiciales y los posibles favorecimientos contractuales deben examinarse con el mismo rigor, sin distinciones políticas y con base en pruebas verificables.
